Sin tratamiento público ni espacio en los medios de comunicación, se está aprobando en el Senado un Proyecto de Ley que establece un régimen penal juvenil, que alcanza a los jóvenes de 14 ó 15 años de edad que cometan un delito con pena mínima de 3 años de prisión o reclusión; y a los jóvenes de 16 ó 17 años de edad que participen en la comisión de un delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o reclusión.


El texto y su argumentación hacen reiterativas referencias a la Convención sobre los Derechos del Niño, su rango constitucional y la necesidad de avanzar con un sistema de protección de derechos. El camino planteado por los legisladores es el de brindar a los menores las "garantías procesales y un modelo especializado de atención para los adolescentes que hayan cometido infracciones a la ley penal".


En la Argentina existen doce sentencias a cadena perpetua por delitos cometidos por menores de edad, una clara violación a los principios de la enmienda anteriormente mencionada. Los legisladores mencionan el hecho, pero no enfocan el problema en la violación de la Constitución, sino en la falta de herramientas para legalizar el comportamiento. Piden, en nombre de la sociedad, una "respuesta severa de parte del Estado, pero justa". Paradójicamente, en nombre de la protección de sus derechos, se busca la forma de judicializar a los chicos.

El proyecto fue aprobado en forma general el 8 de julio de 2009, en plena paranoia por la Gripe A, un día antes del doble feriado del 9 y 10 de julio, y, según palabras del senador Miguel Angel Pichetto, bajo las condiciones de "hacer un debate rápido porque también se había acordado que la sesión no se extendiera indefinidamente".

Actualmente se analiza punto por punto en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, en búsqueda de su sanción, a pear de que, según un informe del Sistema Nacional de Información Criminal, de los 2.000 homicidios dolosos cometidos en 2008, solo 2 fueron cometidos por menores de 16 años. Sin embargo, ambos ocuparon por un largo tiempo las agendas de los medios.

El coordinador del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, José María Di Paola -el Padre Pepe-, opinó sobre la medida.



El senador jujeño Gerardo Morales, al brindar su apoyo al Proyecto de Ley, aseguró que "el 70 por ciento de las entradas de los chicos por la comisión de algún ilícito tiene que ver con delitos contra la propiedad, siendo el número más importante aquel delito que se comete sin armas, es decir, delitos contra la propiedad sin armas. Lo digo por esta sensación que tenemos: niños que salen a matar. Reitero, el 70 por ciento de los delitos cometidos por menores son contra la propiedad y sin armas".




El proyecto fue presentado por las senadoras María Cristina Perceval -del Frente para la Victoria mendocino- y Sonia Escudero -del Frente Justicialista para la Victoria salteño-, y contó con un fuerte apoyo del radical Gerardo Morales. Durante la exposición de sus argumentos, los legisladores pidieron "que no se criminalice la pobreza" y rescataron las experiencias positivas de Costa Rica y Cuba: "Costa Rica, por las medidas alternativas al encierro; y a Cuba, porque hace pocos años terminó con los institutos de privación de libertad y llegó a un programa de 12 a 15 horas semanales de educación". Además agregaron que "en los institutos de la Argentina donde están privados de su libertad los menores, el promedio de educación es de 2 horas. Por lo tanto, es muy difícil pensar que lograremos una reinserción social, una integración y una rehabilitación ética y ciudadanamente significativa si justamente retaceamos aquello que favorece la rehabilitación y reinserción social de esos menores de 18 años —y hasta los 14— que pueden haber cometido un delito".

La legisladora riojana Teresita Quintela dijo apoyar el proyecto en general, aunque "sin aceptar la baja de la edad de imputabilidad, proponiendo la creación del Tribunal Nacional Penal Juvenil y destinando el dinero suficiente para crear las instituciones necesarias para que funcionen no solamente los sistemas de protección sino también el Poder Judicial".

Ilustración:ATE Capital - Nacer pobre, crecer preso