“Si vos te negas a pronunciar la palabra aborto (…) Si te molestan las palabras y no que se muera una adolescente en un aborto estamos mal en la escala de valores”, resume la legisladora porteña Diana Maffia a fin de identificar los principales obstáculos no sólo reflejados en las estadísticas de mortalidad materna sino en las barreras sociales.



La salud sexual –definida como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad” por la Organización Mundial de la Salud- ha sido, a lo largo de la historia, centro de un debate entre los distintos sectores de la sociedad, sin embargo, los más perjudicados son aquellos que están bajo la línea de pobreza o indigencia. Y,  mientras dirigentes sindicales, organizaciones de derechos humanos, la Iglesia, organizaciones sociales y el Estado debaten, la tasa de mortalidad materna en Argentina espera cumplir una de las metas del milenio sin mucho esfuerzo.

Marcos sobre marcos

En octubre del año 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual luego de un arduo debate conformado por organizaciones sociales y de derechos humanos, la Iglesia, sindicatos, académicos, entre otros. Entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, menciona la norma en su primer artículo.

El Código Penal, en los artículos 85, 86 ,87 y 88, enumera las figuras del delito del aborto y aclara que el aborto no es punible “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”, “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. La historia legislativa del aborto avanza contra varios sectores sociales intentando prevenir más muertes maternas y embarazos no deseados.

Desde hace seis años, la ley 25.673 establece que el Estado nacional debe garantizar el acceso a los servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y “disminuir la mortalidad materna”. Sin embargo, la tasa refleja un 3.9 por diez mil nacidos vivos en 2005 y un 4.4 dos años más tarde.

Ana Suppa, ex coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, manifiesta que “la educación sexual es la madre de todas las batallas, es fundamental. Y ahí la Iglesia y los sectores más conservadores están muy atentos y vigilantes porque la perspectiva de género es un tema que les molesta”.
Por su parte, la legisladora porteña Diana Maffia sostiene que “la violación de derechos sexuales y reproductivos es también por omisión, porque el Estado no hace lo que está obligado a hacer”. En la misma línea, y en diálogo con Baldosas Flojas, manifiesta la necesidad de un cambio cultural a nivel social.



La despenalización
Según la organización por la despenalización del aborto, este accionar legislativo “es necesario porque favorece la llegada oportuna de las mujeres a los servicios de salud, disminuye las muertes maternas, y no castiga doblemente a las mujeres que antes fueron privadas de sus derechos”. Pero ¿alcanzaría? Siguiendo el discurso de Suppa “no alcanza solo con despenalizar: hay que trabajar fuertemente en la prevención, en la educación, en la sensibilización de los sectores específicos”.